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Nueva normativa europea para macrogranjas y minas

Normativa europea para macrogranjas y minas

El pasado mes de abril, la Comisión Europea presentó una propuesta de reforma legislativa de la Directiva de Emisiones Industriales con la que se modificaría la normativa europea para macrogranjas y minas.

Principales sectores afectados por la nueva normativa europea para macrogranjas y minas

El propósito es reducir la contaminación y huella de carbono de las macrogranjas, así como de otras industrias y explotaciones mineras.

Se prevé que la nueva normativa afectaría a entre el 10 y 20% de las granjas avícolas y porcinas. También a las granjas de vacuno con más de cien cabezas.

Actualmente, estas granjas son responsables en su conjunto de alrededor del 60% del amoníaco y del 43% del metano emitidos a la atmósfera por la ganadería de la Unión Europea.

Más allá de la Directiva de Emisiones Industriales

La Directiva de Emisiones Industriales, vigente en este momento, ha logrado reducir entre un 40 y un 85% la contaminación atmosférica. Esta contaminación está provocada por el óxido de azufre (SOx), los metales pesados, las partículas finas (PM10) y el óxido de nitrógeno (NOx). Más de 30.000 instalaciones industriales y 20.000 explotaciones agroindustriales operan bajo esta norma. 

No obstante, el Pacto Verde aprobado por la Comisión Europea a finales de 2020 estableció el objetivo de neutralidad en las emisiones de carbono para el año 2050.

Para alcanzar ese objetivo, es necesario adoptar medidas más restrictivas e impulsar aquellas tecnologías que favorezcan la transición ecológica de los sectores agroindustrial y minero.

En ese sentido, conviene recordar que la Comisión Europea llevó a España frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El motivo no es otro que la contaminación de los acuíferos y el incumplimiento de la Directiva de Nitratos.

El agua es un recurso de extraordinario valor para nuestra industria y ganadería. Su contaminación y escasez suponen un problema para la viabilidad de la actividad económica.

Ampliación del sistema de control e inspecciones en la normativa europea de macrogranjas y minas

Las instalaciones industriales y explotaciones agroindustriales están sujetas a un sistema de permisos y vigilancia de la contaminación que generan en el agua, el suelo y el aire. El nuevo sistema de control cubrirá el 60% de las emisiones de amoniaco frente al 18% actual. Asimismo, también pasará de controlar el 3% al 43% de las emisiones de metano.

En lo que se refiere al sector minero, se prevé que la revisión normativa regule la actividad de 850 minas y canteras europeas, especialmente problemáticas. 

Finalmente, la regulación de las plantas de producción de baterías eléctricas también está contemplado, cuyo crecimiento va a ser muy destacado en las próximas décadas.

Eficiencia energética como fundamento de los permisos

La futura concesión de permisos va a estar más ligada con el despliegue y la inversión de tecnología que favorezca la descarbonización y la descontaminación.

En opinión de la Comisión Europea, la simplicidad de las plantas industriales ganaderas facilitará un régimen de permisos “más ligero” y la aplicación de requisitos personalizados. 

Regulación sobre gases

Por otro lado, la propuesta de la Comisión Europea también considera necesario reformar los dos reglamentos técnicos sobre gases:

  • Uno regula las sustancias degradantes de ozono (ODS).
  • El otro regula los gases fluorados de efecto invernadero, también conocidos como “gases F”. Están presentes en aparatos de aire acondicionado, neveras, aerosoles, calefacciones y demás elementos de nuestra vida cotidiana.

Entre los objetivos más ambiciosos, figura la progresiva emisión del gas de efecto invernadero SF6 de los nuevos equipos de transmisión eléctrica para el año 2031.

La reforma de sendos reglamentos podría suponer una drástica reducción de 490 millones de toneladas de CO en toda la Unión Europea para el año 2050.

Finalmente, cabe destacar que se espera que la nueva normativa europea para macrogranjas y minas suponga un beneficio estimado de 5.500 millones de euros anuales para la salud humana.

Actualidad Solunion

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