La tasa Google es el apodo con el que se conoce al Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, cuyo anteproyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros del Gobierno español.
En qué consiste y a quién va dirigida
Se trata de un impuesto que tiene como objetivo gravar el 3% de la facturación de algunos de los servicios digitales, brindados por las grandes empresas tecnológicas, como Google, Facebook, Amazon, etc.
Concretamente, afecta a la venta de servicios de publicidad segmentada o dirigida, es decir, aquella que clasifica a los clientes en función de los datos recogidos previamente acerca de sus gustos y preferencias.
En ese sentido, no es de aplicación a cualquier empresa tecnológica, sino únicamente a aquellas que gestionan la venta de publicidad, o venden sus datos con fines publicitarios como pudiera ser Uber, Booking o Airbnb.
Quedarían fuera aquellas empresas digitales que se limitan a la venta online de otros productos o servicios no ligados a la publicidad.
Igualmente, no afecta a la venta de bienes y servicios entre usuarios -como es el caso de la app Wallapop o el portal eBay- ni la de los ofrecidos por el propio proveedor.
Posición de España, la Unión Europea y la OCDE
Habitualmente, los gigantes tecnológicos operan de forma internacional y utilizan estrategias de ingeniería fiscal para tributar en países con una menor carga impositiva.
La tasa Google fue originalmente promovida por la Comisión Europea en marzo de 2018 como un mecanismo para fomentar la tributación en aquellos países donde estas grandes empresas generan sus beneficios.
Sin embargo, en la última reunión del Ecofin se optó por paralizar la iniciativa debido al rechazo de los países nórdicos.
La postura del gobierno español al respecto es la de la aprobación de este impuesto, ya sea a nivel europeo o de forma unilateral en nuestro ámbito nacional.
No obstante, la ausencia de aprobación de los Presupuestos Generales de 2019 impidió que el proyecto saliera adelante. Por otro lado, la OCDE podría jugar un papel determinante en la aprobación de un impuesto semejante a nivel internacional.
Recientemente, el G7 -formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido- se ha comprometido a apoyar la creación de este impuesto en el seno de la OCDE para finales de 2020.
Cabe señalar que el gobierno de los Estados Unidos ha expresado su crítica a las iniciativas unilaterales, como la que ya se ha puesto en marcha en Francia, la tasa GAFA. De hecho, ha advertido de posibles repercusiones, como un aumento de los aranceles a los productos galos
¿Afecta la tasa Google a las empresas tecnológicas españolas y en concreto a las pymes?
Está previsto que la tasa Google se aplique a aquellas empresas tecnológicas que facturen, al menos, 750 millones de euros de forma global, así como 3 millones de euros en España.
Además, se ceñirá al 3% de la facturación por los servicios de publicidad online segmentada, y ventas de datos.
De acuerdo con esas restricciones, este impuesto no debería afectar ni a las pymes, ni a las startups españolas.
Repercusiones de la aprobación de la tasa Google
Las consecuencias económicas de la aplicación de este impuesto están siendo motivo de debate.
Por un lado, el gobierno español prevé recaudar 1.200 millones de euros anuales con la tasa Google.
Además, la delegación francesa de la Asociación ATTAC, se ha mostrado favorable a su aprobación como mecanismo para reducir lo que ha denominado como evasión fiscal por parte de las grandes empresas tecnológicas.
Sin embargo, el informe “Impacto de un impuesto sobre los servicios digitales de la Economía Española”, elaborado por PwC a instancias de Ametic y Adigital, estima un impacto negativo sobre el PIB español de entre 586 y 662 millones de euros.
Así mismo, el informe señala , que los principales perjudicados serían los consumidores y las pymes. El principal motivo sería la previsible transferencia de los costes del impuesto a las empresas usuarias de los servicios gravados.
Estas empresas verían mermado su beneficio operativo entre 450 y 562 millones de euros, como consecuencia del encarecimiento de los servicios de publicidad y marketing digital.
En último término, dichas empresas trasladarían parte del coste a los productos y servicios destinados al consumidor. El resultado para éste sería una disminución de su capacidad de ahorro, o la imposibilidad de llevar a cabo la compra del producto o servicio.
En ese caso, también se reduciría la recaudación del IVA, debido a un menor volumen de facturación.
Por último, el informe advierte sobre la posible ralentización del proceso de digitalización del tejido empresarial, y su consiguiente pérdida de competitividad.
En conclusión, la aprobación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales o tasa Google va a requerir, probablemente, de un notable consenso por parte del legislador nacional e internacional; así como de una reflexión profunda sobre su impacto en el corto y medio plazo sobre la economía digital.
